Un reto de todos y todas: ayúdanos a frenarlo
La trata de personas es un fenómeno complejo causado por múltiples factores que la mantienen y legitiman socialmente. Desde un entramado social dominado por una cultura machista, las redes organizadas que se lucran a costa de la mercantilización de mujeres y niñas mayoritariamente. El auge del turismo sexual, la falta de oportunidades en los contextos de origen, la discriminación y la exclusión social de las jóvenes más empobrecidas, permiten y legitiman este fenómeno que se nutre de la cosificación de los cuerpos de las mujeres. Así es como se permite y se legitima este fenómeno, tolerado por parte de los poderes dominantes, sin que los Estados cuenten con herramientas para frenar eficazmente esta problemática.
Según el informe Global sobre la Trata de Personas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el número de niños y niñas víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años, y el porcentaje de niños se ha multiplicado por cinco. En 2018, 148 países denunciaron alrededor de 50.000 víctimas de trata de personas, aunque se considera que el número real de víctimas es mayor, entre otras cosas, porque es probable que la recesión inducida por el COVID-19 haya puesto a más personas en riesgo, como son las personas migrantes y las personas sin trabajo. Especialmente en menores, la revisión de informes y literatura sobre la trata con fines de explotación sexual indica que es un fenómeno todavía más invisibilizado y que entraña más dificultades de detección, con lo que las cifras se estiman aún mayores en ellos.
Desde hace años, instituciones mundiales y europeas, así como gobiernos nacionales y regionales, aúnan sus esfuerzos en contra de la trata de personas. Pero la lucha para erradicarla es un proceso arduo y complicado así como un reto que requiere de la acción conjunta y el compromiso de todos los sectores institucionales implicados, así como de la propia ciudadanía.
Los datos
La explotación sexual es el principal tipo de explotación en mujeres y niñas, mientras que los trabajos forzados es el principal en hombres y niños. Europa Occidental y Central es la zona del mundo donde más víctimas hay procedentes de Asia Oriental y África Subsahariana, regiones estas últimas dónde más víctimas de trata se han encontrado en el exterior de sus fronteras.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha documentado los casos de hasta 225.000 víctimas de trata de personas, ocurridos entre 2003 y 2016. Casi tres cuartas partes de ellas eran mujeres y niñas y la mayoría tenían fines de explotación sexual.
En España, según el balance estadístico 2014-2018 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, en 2018 hubo un total de 128 víctimas de trata con fines de explotación sexual. De ellas, 41 fueron identificadas en Andalucía, 27 en Cataluña, 18 en Ceuta, 13 en Baleares y 12 en Madrid.
Andalucía acoge, por vía marítima, al 91,6% del total de personas migrantes que llegan a España. Según el Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2020 de la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, 33.261 personas migrantes entraron en Andalucía por la Frontera Sur en el año 2019.
Según el estudio del Defensor del Pueblo: «La migración en Canarias», la principal característica del pasado ejercicio 2020 fue la llegada a las Islas Canarias de 23.023 personas, a las que han de añadirse 16.000 más que accedieron a la Península e Islas Baleares, junto con otras 2.000 que entraron por Ceuta y Melilla. En cuanto a los menores, los datos facilitados por la entidad de protección de menores de Canarias, a 12 de febrero de 2021, cifra en 2.666 los que están bajo su guarda.
Además, la trata de mujeres con fines de explotación sexual ha aumentado un 30% en Canarias desde el 2018, cuya condición de comunidad turística con mucho tránsito de personas facilita la labor a las mafias transnacionales, según datos de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Una de las causas para el aumento del número de víctimas de trata en el archipiélago se encuentra en las migraciones, ya que «en las islas hay mucha movilidad debido al turismo y son, históricamente, un sitio de paso por muchos factores». Las cifras apuntan también a «muchas menores» en esta situación en el Archipiélago, aunque se desconozca su número exacto, por la falta de estudios oficiales al respecto.
Así, la identificación temprana de las mujeres migrantes víctimas de la trata de personas es imprescindible para que se reconozca su condición como tal, y poder prestarles la asistencia y protección debida.
Asistencia jurídica y atención sociosanitaria
Este proyecto ofrece una herramienta digital, elaborada por un grupo de personas expertas, para la posible detección y valoración del grado de riesgo de ser víctima de trata.
Está destinada a los y las profesionales jurídicos que se encargan de la primera asistencia letrada y entrevista reservada a mujeres migrantes, junto con la persona especializada en traducción e interpretación.
Así como para profesionales del ámbito social y sanitario que tienen como colectivo de atención a mujeres y/o menores, y que en el desempeño de su intervención pueden ser agentes clave en la detección.
Esta aplicación persigue, de una manera práctica y accesible, sistematizar un protocolo de detección y valoración del grado de riesgo de ser víctima de trata en mujeres y/o menores migrantes y está basada en indicadores estándares de trata de mujeres y menores.
Contra la trata
Inserta Andalucía, entidad que leva más de 10 años luchando por la inclusión social de menores, jóvenes y familias en Andalucía, y la Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos, con el mismo cometido en Canarias, han puesto en marcha este proyecto con la colaboración expresa de personas pertenecientes a la Universidad de Baleares, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de la Laguna.
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Este programa, iniciado en el año 2021, está financiado por la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.
